sábado, 25 de enero de 2014

Consulta, ¿legal o ilegal?

Para empezar, creo que es importante introducir la diferencia entre consulta popular y referéndum. El primero no se basa en el censo electoral sino en el padrón de mayores de 16 años, además “prescinde de mecanismos y garantías presentes en procesos electorales vinculantes i oficiales”. El segundo es una votación popular convocada por el poder legislativo (Parlament) o por el jefe de estado de un país, “con el objetivo de que la ciudadanía de su opinión ante una reforma legislativa o constitucional”.

Dicho esto, en el Estatut de Cataluña de 2006, la Generalitat tenía la competencia exclusiva para convocar consultas populares. En el recorte del Estatut del 2010 por parte del Tribunal Constitucional, se restringió la interpretación del texto, desautorizando la posibilidad de celebración de una consulta por parte de la Generalitat. ¿Fue esta reforma el primer signo de que se veían venir, en un futuro próximo, cambios en la relación Cataluña-España?

Dos años más tarde, hay un anuncio por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la fecha de una consulta popular para la autodeterminación de Cataluña, el 9 de noviembre de 2014, dando mucho que hablar entre los medios.

Los distintos partidos políticos catalanes se sitúan principalmente en dos posiciones antagónicas, aquellos que defienden la realización de la consulta y los que están en contra de que esta pueda celebrarse, bueno, se dividen en tres, también encontramos al PSC. A lo largo de las distintas entrevistas, debates y discursos que se han realizado este mes, el principal y mayor problema es la legalidad de dicha consulta.

Con la autorización por parte del Gobierno español, el referéndum es completamente legal, dentro de la Constitución española de 1978 encontramos la “ley orgánica 2/1980 de 18 de enero regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico, que según la legislación debe estar autorizado por el Estado español”.

Actualmente hay una segunda opción legal, el Parlament está en curso de aprobar una nueva ley de consultas, la cual seguramente será llevada al Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, previéndose que esta será suspendida hasta que se dicte sentencia, no es difícil de predecir cuál será el resultado de esta.

En conclusión, la consulta es legal, siempre y cuando se limite a las anteriores opciones y, por el momento, esas son las únicas para el presidente de Cataluña, Artur Mas quién insiste: "Convocaré la consulta de acuerdo con un marco legal".

1 comentario:

Teresa dijo...


Aunque es un texto correcto de forma, encuentro que la preponderancia de los datos sobre la opinión es desmesurada; tienes que procurar que la opinión esté más desarrollada.
De todas formas, es un buen trabajo.